Juan Marcos García Carvajal
Se va acabando esta suerte de encierro colectivo que todos nos hemos visto obligados a hacer (por ahora), y con él la experiencia de llevar toda nuestra vida profesional y académica a la pantalla de nuestro ordenador. Para algunos sigue; otros en cambio, empiezan a reincorporarse a sus puestos físicos de trabajo. Muchos son los que dicen que esta situación ha acelerado esta digitalización de nuestra vida que estaba ya de camino. Yo me incluyo en este grupo. Es sensato también, tras haber vivido lo que hemos vivido, preguntarse qué valor tiene la presencialidad a día de hoy. Mientras me conectaba a algunas clases online en la que estábamos inmersos más de 100 personas a la vez y el profesor era capaz de explicar mediante dos pantallas simultáneas, yo me preguntaba por qué diantres no hemos tenido la opción de disfrutar de este tipo de formación antes. Una formación que da flexibilidad al estudiante y le permite compaginar mucho mejor sus estudios con otros aspectos de su vida, sin perder tiempo en desplazamientos o en clases tediosas.
Llevado esto a la vida profesional, y en concreto a la profesión de la abogacía que es el tema que me ocupa, cabe preguntarse si realmente es necesario disponer de grandes y pretenciosas oficinas en el centro financiero de las grandes ciudades, pudiendo llegar a través de la pantalla de tu ordenador a prácticamente TODO EL MUNDO. La eficiencia, la rapidez y la eficacia son algunas de las ventajas que ofrecen digitalizar la profesión y automatizar tareas. No obstante, podríamos pensar que contratar a un abogado que jamás verás en persona y que resolverá y atenderá todas tus peticiones a través de Zoom puede, en cierta manera, deshumanizar la profesión. No creo que haya que prescindir de la presencialidad por completo. Pero es una obligación hoy en día repensar esta profesión y qué futuro le espera si queremos servir mejor a nuestros clientes, y en última instancia, reclamar las libertades y los derechos que a cada ciudadano corresponde de forma más eficiente, que es la finalidad de la abogacía.
En esta línea, hoy quería introduciros lo que, a mi juicio, puede suponer la verdadera digitalización de las empresas legales, y se trata de cuanto estén dispuestas a invertir en legaltech. Este nombre hace referencia a todos aquellos softwares o empresas con base tecnológica cuya finalidad es la de mejorar y hacer eficiente los procesos llevados a cabo en los servicios jurídicos tales como la gestión documental, el manejo de bases de datos de clientes o la utilización de asistentes virtuales basados en inteligencia artificial (AI) para la redacción de todo tipo de escritos y documentación de casos, como el asistente virtual Vincent, proporcionado por vLex, uno de los mayores proveedores de base de datos jurídicos del mundo. Automatizar procesos y reducir el tiempo de actividades secundarias permite enfocarse en las actividades que verdaderamente proporcionan valor a los clientes. De ahí la importancia que pueda tener para las empresa el digitalizar sus procesos cuanto antes.
Cuando hablamos de legaltech, también hablamos de las aplicaciones que permiten la celebración de juicios y vistas íntegramente online, y que en España ya han ido teniendo lugar a lo largo de estos meses de cuarentena. De hecho, el pasado 6 de mayo se celebró el considerado como primer juicio online en España, en un juzgado de Barbastro (Huesca). Los abogados y fiscalía comparecían desde sus casa, mientras que la juez lo hacía en sala. A partir de ahí, se fueron celebrando diversas vistas online en diferentes juzgados del territorio español. Estos ejemplos son muestra de transformación digital de la Justicia, que viene de la mano del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. A pesar de este impulso digital forzado en cierta manera, se ha puesto de manifiesto que la Administración, al contrario que muchos bufetes y despachos, no precisan de los medios técnicos ni de la formación necesaria de sus funcionarios para llevar a cabo de forma diligente vistas. Existe una brecha digital importante en la administración que debería ser objeto de trabajo por parte del Ministerio de Justicia si queremos adaptar nuestro sistema judicial a las futuras demandas de la ciudadanía.
La inversión en tecnología, como en todas las ramas profesionales, es lo que genera ventajas competitivas de unas empresas frente a otras. Y en los servicios jurídicos es igual de cierto que en otros sectores. Como comentaba en un artículo previo, también la innovación legal ha creado nuevos puestos de trabajo tales como legal engineers o data analysts, un hecho que evidencia que la innovación legal ofrece nuevos campos que deben ser explorados. Si os interesa, os dejo por aquí un vídeo elaborado por Lefebvre con la colaboración de profesionales de la innovación legal españoles que explican todos estos nuevos perfiles profesionales.
Me parece que campos tales como el legaltech o el New Law (que traté en mi artículo anterior) son temas apasionantes que adelantan cómo va a funcionar el sector legal en unos años. Si quereís adentraros en este mundo, no puedo dejar de recomendaros el blog de Legaltechies de Jorge Morell Ramos, que aborda con detalle y profundidad todo lo relacionado con el mundo de legaltech y la innovación jurídica. Y si andáis buscando lectura para el verano, que mejor que introducirse en el futuro de los servicios legales con “El Abogado del Futuro”, de la mano del gurú empresarial Richard Susskind, en el que desvela las claves que están afectando y que transformarán el sector legal. Yo me lo acabo de pillar, así que os iré contando cuando lo termine. Un abrazo.
IUSful 